Podríamos comparar la situación actual de España y Argentina con una anécdota apócrifa de la Primera Guerra Mundial. Un puesto militar alemán escribe un telegrama a sus aliados austríacos: "Aquí la situación es seria, pero no catastrófica". La respuesta austríaca dice: "Aquí la situación es catastrófica, pero no seria". Habituados a vivir en medio de la catástrofe, los argentinos se han acostumbrado a no tomarse la vida demasiado en serio. Hagamos un breve repaso del país.
Argentina ha padecido procesos continuados de involución e inestabilidad política con un protagonismo acentuado de caudillos militares o políticos, oscilando entre ideologías progolpistas o revolucionarias. De 1900 al 1983 Argentina ha tenido 24 gobiernos ilegales y 14 golpes de Estado exitosos, lo que equivale a 22 años de gobiernos militares y a 12 años de gobiernos de legalidad dudosa. A pesar del nuevo proceso democrático de las últimas décadas, la cultura de los liderazgos caudillistas o de presidencialismos autoritarios con vocación hegemónica se ha mantenido (Yrigoyen 8 años, Perón 11 años, Alfonsín 5 años, Menem 10 años, y Néstor y Cristina Kirchner 8 años), debilitando el sistema de partidos, mermando la calidad de la administración pública y de los cuadros de gobierno, dañando el buen funcionamiento constitucional de las instituciones republicanas y federales y favoreciendo una cultura ciudadana demandante de proteccionismo extremo. A ello se añade el estancamiento de su integración regional al Mercosur, el mantenimiento de conflictos permanentes con otros países y un nivel de corrupción que la sitúa, según Transparencia Internacional, en el número 100 de un total de 182 países.
El actual gobierno promueve una economía subsidiada, semicerrada, orientada a la sustitución de importaciones (con claro sesgo antiagropecuario) y antiexportadora, caracterizada por una alta inflación endémica con valores anuales superiores al 25% y por una caída en picado de la competitividad. Buena parte de los gobiernos anteriores han compartido de manera transversal una política económica de rasgos populistas que ha afectado gravemente a la distorsión de los precios, a altos niveles de gasto y endeudamiento públicos, al aumento de los subsidios y que ha hecho insostenible su economía en el medio y largo plazo. Todo eso aderezado con una organización empresarial débil.
El intervencionismo estatal en lo institucional (por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística que falsea la inflación real, o en la Secretaría de Comercio, que fija a dedo los precios de los productos básicos) o en lo económico, ha ido a menudo acompañado de repentinos cambios en las reglas de juego y violaciones sistemáticas de los derechos de propiedad (imposición injustificada y discriminatoria de gravámenes y tributos, retenciones de depósitos y bonos soberanos, expropiaciones e incluso confiscaciones) que dañan los depósitos bancarios, acentúan las fugas de capitales, reducen los niveles de inversión y provocan que los agentes económicos modifiquen su comportamiento hacia un sesgo cortoplacista. Y todo ello, como hemos visto recientemente en las declaraciones de Axel Kicillof (viceministro de economía y actual administrador de YPF) con un manifiesto desdén a las denuncias nacionales e internacionales de inseguridad jurídica e incertidumbre económica. Las autoridades asumen sin complejos el incumplimiento irregular respecto de sus obligaciones soberanas. El poder judicial resta subordinado al poder ejecutivo aproximando al país a la definición de un "Estado gamberro". Los medios de comunicación más prestigiosos e independientes, como el grupo Clarín o la Nación, sufren cada día las acometidas y persecuciones del gobierno. Y los jóvenes kirchneristas de la Cámpora, autodenominados "soldados de Cristina", no temen declarar en público que "vamos a por todo".
Ante esa espada de Damocles, la respuesta de los argentinos ha consistido en vivir al día volcándose al consumo en los momentos de bonanza o bien acumulando activos en el extranjero mediante la fuga de capitales, sobre todo en dólares. A finales de 2009 estos activos ascendían a 141.944 millones de US$, es decir, el 46’6% del PIB de ese mismo año, probablemente el nivel más elevado de todo el mundo. Esto da una idea de cuál es el riesgo percibido actual de expropiación por parte de los propios ciudadanos. Desde el punto de vista internacional, esta inseguridad se manifiesta también en la reducida inversión extranjera. En el 2011 Brasil atrajo 66.700 millones de dólares, Chile 17.600, Colombia 14.400 y Perú 7.900. Argentina, segunda economía del cono Sur, tan solo recibió 6.300 millones (procedentes en su mayoría de Brasil y China, ya que norteamericanos y europeos, con la excepción de España, ya hace tiempo que decidieron no fiarse de ese país).
El presidente Eduardo Duhalde afirmaba en marzo de 2002 que Argentina era un país condenado al éxito. Hablamos de un país riquísimo, gran productor de materias primas y con ingentes recursos naturales. Pero Eudardo Van Der Kooy, director de Clarín, también nos recuerda que Argentina es la nación que en sólo 30 años "declaró la guerra a la OTAN en Malvinas, hizo el default más grande de la historia, forzó una reestructuración de su deuda y ahora opta por la expropiación de su empresa principal". Como decíamos al principio, "la situación es catastrófica, pero no seria".
[Artículo publicado conjuntamente con Àngel Castiñeira en La Vanguardia el 11.05.12]