Tuvo lugar en ESADE la jornada RSE y competitividad en el siglo XXI. Las buenas prácticas de las políticas públicas en Europa, organizada conjuntamente con la Generalitat de Catalunya. Uno de los objetivos de la Jornada era presentar en sociedad RSGencat, el plan de medidas de Responsabilidad Social de la Generalitat de Catalunya. Ya me he referido en una ocasión en este plan, al que considero una iniciativa altamente innovadora en lo que corresponde a políticas públicas de RSE.

La jornada hizo emerger algunas cuestiones que, en mi opinión, hoy habría que dar, si no por asumidas, al menos como una referencia de lo que deberíamos tener como punto de partida. Sobre todo si se trata de hablar de políticas públicas y RSE.

¿Políticas públicas de RSE? Pues, sí: hacen falta estas políticas, y más en tiempos como los actuales. Porque lo que está en juego no es tan sólo el salir de la crisis sino el cómo salir y los aprendizajes sobre las malas prácticas que nos han llevado hasta ella. Ahora bien, hay que afinar lo máximo posible: como decía el título de la jornada, hay que poner el acento en la relación entre RSE y competitividad. Los enfoques que no vinculen RSE y competitividad reducirán la RSE a un tipo de embellecedor que puede esperar tiempos mejores o a un último recurso de cirugía estética que puede hacer más estragos que el botox. Los países y las empresas nos tenemos que enfocar en el desarrollo de una competitividad responsable y sostenible, y el debate de la RSE no es más que una variante del debate sobre el modelo de competitividad. Y aquí la prioridad la tienen que tener las políticas de incentivos y apoyo: lo que hay que evitar -¡y más ahora!- es que el impulso de la RSE sea percibido por parte de las empresas como una nueva fuente de problemas, como si ahora ya no tuvieran bastantes. Incluso la necesidad -cada vez más evidente- de regular mínimamente el marco de referencia que haga creíble la información que se da en la diversidad de memorias de responsabilidad (o cómo las quiera llamar cada empresa) debería ser la consecuencia de una decisión voluntaria de la empresa, y no una constricción previa a su decisión de hacerla... o no.

Ahora bien, lo que cada vez está más claro es que toda política pública de RSE presupone el que podríamos denominar una condición de credibilidad: que se lo aplique la propia administración que la propugna. Difícilmente puede pedir transparencia, indicadores, relación con los grupos de interés o rendición de cuentas alguien para quienes estos temas son música celestial. En este sentido, una iniciativa como RSGencat no es la única que ha tomado este camino: las presentaciones de los planteamientos que se hacen desde el gobierno español y desde el gobierno navarro mostraron que cada vez más se va en esta dirección. Ojalá podamos en un futuro inmediato, cuando haya transcurrido un periodo de tiempo razonable, hacer un ejercicio de verificación de cómo han acabado todos estos planteamientos que, como tales, se sitúan claramente en la dirección deseable. La mala noticia, sin embargo, es que en este contexto parece que la Comisión Europea se haya desentendido complentamente de todo lo que tenga relación con la RSE. Queda por ver el precio en que tendremos que pagar por este déficit institucional europeo.

Y, en cambio, en Europa continúa habiendo iniciativas bien interesantes. Como la que supuso en esta jornada la presentación de la política que lleva a cabo el gobierno danés. Dejando aparte que su enfoque regulador del reporting resulta bastante equilibrado (lo que hay que hacer obligatoriamente es informar sobre si la empresa lleva a cabo políticas de RSE o no; y, si las lleva a cabo, tiene que informar de los objetivos, estrategias y planes de acción al respecto), lo más importante de la iniciativa danesa es que, por una parte, plantea la cuestión como un proyecto nacional, y vincula el posicionamiento de Dinamarca como un país que busca un crecimiento responsbale con la oportunidad que puede representar para las empresas danesas capitalizar su enfoque en clave de RSE. Y por otra parte, el planteamiento danés pone el acento por encima de todo en dar apoyo a las empresas para integrar la RSE en la estrategia y comunicarlo bien; en diseminar información, herramientas y buenas prácticas referidas a la RSE; y en hacer de mediador entre diversas organizaciones e instituciones involucradas en la RSE.

Todavía hay mucho (¡mucho!) camino por recorrer en el desarrollo de políticas públicas de RSE. Pero la cuestión no es ésta. La cuestión de fondo, desde mi punto de vista es que la siguiente etapa para el desarrollo cualitativo de la RSE es el fortalecimiento de las políticas públicas de RSE.